El mayor bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha sostenido que las recientes declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, subrayan las continuas violaciones a los derechos humanos en el país. Durante un discurso, Khan reprendió al Estado venezolano por la falta de «implementación concreta de leyes y prácticas» destinadas a proteger los derechos civiles.
La PUD expresó a través de la red social X que estas declaraciones son «importantes para todos los venezolanos que clamamos justicia y libertad», y enfatizó la urgencia de que la CPI actúe. La organización asegura que el sistema judicial venezolano ha ignorado las recomendaciones de la corte internacional, permitiendo que las violaciones continúen tras las controversiales elecciones presidenciales del 28 de julio, donde denunciaron «fraude» en los resultados que otorgaron la reelección a Nicolás Maduro.
El fiscal Khan, en su intervención en la reunión anual de países miembros de la CPI, destacó «la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente». Asimismo, lamentó la ausencia de «implementación concreta» de medidas adecuadas por parte del gobierno venezolano.
La situación ha desencadenado protestas masivas en el país, con más de 2.400 personas detenidas, a quienes la Fiscalía acusa de causar «vandalismo» y «violencia». Sin embargo, la PUD y diversas ONG sostienen que muchos de los arrestados no participaron en las manifestaciones y que los cuerpos de seguridad del Estado han reprimido a la disidencia.
Las investigaciones de la Fiscalía de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúan activas, pese a los intentos del gobierno venezolano de cerrarlas apelando al «principio de complementariedad». En marzo, la CPI rechazó el recurso que buscaba detener la investigación iniciada en noviembre de 2021.
Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, actualmente 1.903 personas permanecen encarceladas por su oposición al gobierno, la mayoría detenida desde las mencionadas elecciones.
Estas declaraciones de la CPI y las reacciones de la PUD subrayan una situación tensa y compleja en Venezuela, donde la comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos. La continuación de las investigaciones por parte de la CPI representa una esperanza para aquellos que buscan justicia en un contexto de creciente represión y violaciones a los derechos humanos.
EFE