Por mayoría, la Asamblea Nacional aprobó este jueves una ley que limitaría el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, según denuncian sus representantes.
El gobierno dice que se trata de un nuevo instrumento legal para regular la recepción de fondos desde el exterior por parte de lo que llama «agentes extranjeros», que supuestamente financiarían planes de desestabilización.
La segunda discusión de esta iniciativa, conocida como la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro», había sido retomada el martes, tras ser aprobada en primera discusión en enero de 2023. Los opositores a este proyecto, ahora aprobado, afirman que busca silenciar las voces críticas que denuncian abusos dentro del país.
Frente a la ausencia de información oficial oportuna y la desaparición de voces críticas en los medios de comunicación, varias organizaciones fiscalizan el trabajo del gobierno de Nicolás Maduro en diversas áreas temáticas —militar, económica, policial y social— con el apoyo de fondos financieros de organizaciones extranjeras. Ese apoyo económico les da a estas entidades independencia frente al relato oficial, pero también las somete a un enfrentamiento constante con el gobierno.
La controversia sobre esta legislación se da al mismo tiempo que la Asamblea Nacional discute otro proyecto de ley «contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares», que, de acuerdo con Jorge Rodríguez, presidente del cuerpo legislativo, busca “cuidar y defender” a la población “de las expresiones de odio social, del terrorismo y de la difusión de ideas fascistas y de ideas de odio en las redes sociales”.
Los anuncios se producen en medio de una radicalización del largo conflicto político que vive Venezuela, luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara la victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, un resultado que ha sido cuestionado por la oposición, el Centro Carter, la ONU y varios países en el mundo.
Las autoridades electorales de Venezuela no han presentado resultados desglosados por centro y mesa de votación, ni tampoco han emitido un boletín que refleje un resultado con la totalidad de las actas escrutadas, aunque la oposición ha publicado en internet las actas de los resultados en mesas electorales que representan más del 80 % de los votos.
Hasta este jueves, no se conocía el proyecto en detalle. Apenas había trascendido que constaba de 39 artículos y dos disposiciones transitorias. En mayo de 2024, cuando pasó a segunda discusión, se difundieron algunos detalles de su contenido, que en su momento fueron analizados por defensores de derechos humanos. En ese momento, se aprobaron 9 artículos.
Cuatro meses después, en la sesión realizada este martes, la Asamblea Nacional discutió otro conjunto de artículos que fueron rápidamente aprobados uno por uno, llegando hasta el artículo 29.
Esta ley crea un nuevo régimen nacional de constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, a cargo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El órgano encargado de otorgar la personalidad jurídica y el registro de actos para el funcionamiento de las organizaciones es el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
Con los agregados que el oficialismo hizo en la última versión de la iniciativa aprobada el jueves, el texto legal incluye medidas como la prohibición del registro de organizaciones que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia». También prohíbe a estas organizaciones realizar lo que llama «actividades propias de partidos políticos”.
Establece como deber la obligatoriedad de notificar la procedencia de financiamiento o donaciones recibidas y comprobar su licitud. Igualmente, incluye prohibiciones para recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes económicos a esas organizaciones, así como la prohibición de recibir aportes para el financiamiento del terrorismo o para cometer actos terroristas.
El proyecto establece que el domicilio de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro será en el lugar donde esté situada su dirección. Adicionalmente, tienen la obligación de declarar su inventario de bienes, estados financieros, nombramiento o cese de sus miembros, y notificar donaciones “con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros”.
Se establecieron prohibiciones para que personas de otra nacionalidad realicen funciones dentro de una organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro en el país. Estas personas podrían ser expulsadas del país e incluso la ley establece que podría llegar a anularse el registro de la ONG.
Del mismo modo, se establecen multas en bolívares con un monto equivalente de 100 a 1000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, contra quienes incumplan la ley.
El gobierno de Venezuela asegura que el instrumento legal busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas de estas organizaciones. En enero de 2023, cuando se presentó el proyecto, el diputado oficialista Diosdado Cabello aseguró que más de sesenta ONG operaban en Venezuela y recibían financiamiento foráneo “con el objetivo de promover planes de desestabilización”.
“Nos quedamos con los brazos cruzados o comenzamos a generar los mecanismos legales para que esas mal llamadas ONG y los que están al frente de esas fachadas rindan cuenta ante algún instrumento”, afirmó entonces Cabello.
Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, dedicada a la defensa y educación de derechos humanos en Venezuela, considera que la norma busca criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos. Entrevistado por CNN en el programa Perspectivas, Murillo dijo: “Esta excusa de la cooperación, de alguna manera también nos lleva al terreno de una lógica donde pareciera ser que es un delito la cooperación internacional. La cooperación internacional es un derecho”.
Aclaró que no todas las organizaciones no gubernamentales en Venezuela funcionan con fondos provenientes del extranjero y dijo que la norma busca afectar el derecho de las personas a organizarse y expresarse.
No es la primera vez que se intenta controlar la labor de las ONG en Venezuela. En 2006, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto sobre cooperación internacional, pero en aquella oportunidad la propuesta no avanzó al debate definitivo. Hoy han culminado 18 años de incertidumbre.