La problemática de los pranes continúa vigente en el sistema penitenciario de Venezuela. En 2023, el exministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, proclamó con firmeza la erradicación de los pranatos, estructuras criminales que controlan las cárceles. Sin embargo, un año después, las autoridades celebran la captura de 17 pranes en la cárcel de El Dorado, poniendo en tela de juicio el éxito de sus intervenciones.
El operativo en el Complejo Penitenciario de Oriente, conocido como El Dorado, resultó en el decomiso de un arsenal significativo, incluyendo 353 armas blancas y diversos dispositivos electrónicos. Estos hallazgos, reportados por el diario Últimas Noticias, el 5 de noviembre de 2024, reflejan la persistencia del crimen organizado en el interior de las cárceles, pese a las declaraciones oficiales de control.
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ministerio para el Servicio Penitenciario han sido señalados por facilitar la entrada de contrabando en los penales. A pesar de los esfuerzos declarados para erradicar a los pranes, estos continúan dominando las prisiones y extendiendo su influencia a las comunidades cercanas y a otros países latinoamericanos.
El ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, anunció la disolución de bandas delictivas como Tren del Llano y Tren de Aragua durante la intervención en El Dorado. Sin embargo, estas organizaciones han sido «desmanteladas» repetidamente, sin lograr una erradicación definitiva.
Los privados de libertad, junto a sus familiares, son las víctimas silenciosas de estas estructuras de poder. El sistema penitenciario enfrenta críticas por condiciones de hacinamiento, violación de derechos humanos y violencia. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, subrayó la necesidad de un enfoque centrado en los derechos humanos y la justicia.
Prado enfatizó que «el verdadero desmantelamiento necesario es el de la indiferencia y la ineficiencia», destacando la urgencia de reformar el sistema penitenciario. La retirada gradual de la GNB de los penales y el control total por parte del Ministerio para el Servicio Penitenciario son medidas propuestas para abordar la corrupción y el flujo de armas.
La retórica de las autoridades sobre la seguridad penitenciaria sigue contrastando con la realidad dentro de las cárceles venezolanas. Con cada proclamación de desmantelamiento, surge la duda sobre la efectividad de las acciones llevadas a cabo y el compromiso genuino con la rehabilitación y el respeto a los derechos humanos de los internos.
