Rocío San Miguel, abogada hispano-venezolana y activa defensora de derechos humanos, cumple un año detenida sin acceso a su defensa ni al debido proceso. La detención, ocurrida el 9 de febrero de 2024, se dio cuando San Miguel intentaba viajar a Estados Unidos con su hija, Miranda Díaz San Miguel, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Funcionarios de migración detuvieron a San Miguel bajo el pretexto de un problema con su pasaporte, y posteriormente fue arrestada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sin orden judicial.
En un giro de los acontecimientos, Miranda Díaz San Miguel fue liberada ese mismo día, sólo para ser detenida nuevamente al día siguiente junto con su padre, Víctor Díaz Paruta, y otros miembros de la familia, quienes fueron llevados a Caracas. Paralelamente, se efectuó un allanamiento en el estado Anzoátegui, donde Alejandro González de Canales, exesposo de San Miguel, fue apresado.
Con una trayectoria de casi dos décadas monitoreando la situación de la Fuerza Armada en Venezuela a través de la ONG Control Ciudadano, San Miguel estaba consciente de los riesgos de su activismo. A pesar de contar con medidas de protección de la CIDH y la Corte-IDH, su arresto ha seguido un patrón de negación de sus derechos. En una audiencia irregular en la sede de la Dgcim, fue acusada de múltiples delitos, entre ellos traición a la patria y terrorismo.
La comunidad internacional, incluidas Naciones Unidas y diversas organizaciones de derechos humanos, ha manifestado su preocupación por la detención de San Miguel. Se han denunciado violaciones sistemáticas de sus derechos, y su caso ha sido señalado como detención arbitraria y desaparición forzada, habiendo causado alarma en organismos internacionales.
San Miguel enfrenta problemas de salud sin atención médica adecuada, agrandando el panorama de violaciones a sus derechos. Para el próximo 11 de febrero, se espera la apertura de la audiencia de juicio, donde la abogada intentará designar a sus defensores de confianza. La defensa busca reconfigurar estrategias para contrarrestar las acusaciones basadas en pruebas que el Ministerio Público ha presentado.
El caso de Rocío San Miguel sigue siendo un ejemplo prominente de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Con un año de detención sin acceso a justicia, su situación resalta la necesidad de intervención internacional para garantizar el respeto al debido proceso y la protección de defensores de derechos humanos en el país.
Lea el articulo original en El Nacional/Karla Pérez Castilla
