La dinámica interna del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha generado tensiones significativas en la Alcaldía de Maracaibo, reflejando la lucha de poder en instituciones municipales. Un reciente conflicto se ha desatado a raíz del reconocimiento de Nicolás Maduro por parte de la Cámara Municipal, encabezada por Omar Molina. La discordia se intensifica por la presión sobre el alcalde encargado, Adrián Romero, para que emita una declaración similar.
La concejala Jessy Gascón, líder de la fracción del PSUV, jugó un papel crucial en el reconocimiento inicial a Maduro, y ahora, el contralor Antonio Bermúdez busca replicar ese éxito al exigir la misma declaración del alcalde Romero. Sin embargo, Romero presentó un comunicado, conforme a las leyes vigentes, en el que reafirma su respeto por las institucionalidades del Estado, eludiendo así la presión política.
En un comunicado dirigido a la Contraloría, Romero cumplió con las formalidades requeridas, aunque sin ofrecer un reconocimiento explícito a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Esto plantea la pregunta: ¿Está el Contralor actuando conforme a sus funciones o como un agente político?
Maracaibo enfrenta una tensión innecesaria que requiere que todas las instituciones del estado trabajen en pro del bienestar ciudadano. La atención a las necesidades de los habitantes debe ser la prioridad, y se observa que instituciones como Corpozulia, el Ejecutivo regional y las alcaldías colaboran en este objetivo. Romero y su equipo han demostrado compromiso y eficiencia, coordinando esfuerzos con diversos organismos civiles y militares en la región.
El Contralor Municipal reiteró este lunes que Romero «no reconoció a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela», señalando que las prioridades deben enfocarse en el servicio a la ciudadanía, en lugar de enredarse en polémicas políticas que no solo afectan a la ciudad, sino que también exponen las aspiraciones personales de ciertos funcionarios. Esta situación evidencia un conflicto interno que trasciende las competencias de cada actor en la administración pública, subrayando la necesidad de enfoque en el desarrollo urbano y el bienestar social, alejándose de lo que muchos ven como un espectáculo político fuera de lugar.
