La organización no gubernamental SOS Orinoco ha denunciado públicamente que la aparente lucha del régimen venezolano contra la minería ilegal es una «farsa». Según la ONG, esta actividad minera está en plena expansión en el Parque Nacional Yapacana, con la complacencia de las autoridades militares.
En particular, se ha señalado la mina ilegal en Bulla de Oro, ubicada en el sector Cárida del municipio Atabapo, estado Amazonas, donde operan 123 máquinas para la extracción de oro. Los militares supuestamente cobran 16 gramos de oro semanales por cada máquina a los mineros, lo que contribuye al crecimiento de esta actividad ilegal. Entre julio y septiembre de 2024, la región ha aumentado su extensión en 13 hectáreas y cuenta con una población de aproximadamente 1.200 personas.
La región de Guayana debería estar mayoritariamente libre de actividades mineras debido a la prohibición vigente desde 1989 en el estado Amazonas. En el estado Bolívar, la minería solo es permitida legalmente en áreas específicas bajo un régimen de administración ordinaria. Sin embargo, el informe «Minería Ilegal de Oro: impactos sobre los derechos humanos y la biodiversidad en la Amazonía» alerta de que 30 de las 41 áreas naturales protegidas están afectadas por la minería ilegal, actividad incompatible con sus objetivos de conservación.
SOS Orinoco critica que las operaciones militares para combatir la minería ilegal no abordan el problema de fondo. Las campañas Roraima 2022, Autana 2023 y Neblina 2024, llevadas a cabo por el Comando Estratégico Operacional de la FANB y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), son vistas como una táctica propagandística. Estas acciones, más que ser parte de una política estatal coherente, parecen intentos de mejorar la imagen del régimen.
La ONG también señala la ausencia de esfuerzos por establecer responsabilidades en el lucrativo negocio de la minería ilegal y el contrabando de minerales, que involucra a funcionarios del alto gobierno venezolano. Se estima que entre el 70% y el 90% del oro extraído sale ilegalmente del país, reforzando una red de corrupción que no beneficia al fisco nacional.
Finalmente, SOS Orinoco advierte sobre el peligro que sufren las comunidades indígenas de la Amazonía venezolana debido a la minería ilegal. La invasión de mineros y grupos armados vulnera sus derechos territoriales, ya debilitados por la falta de demarcación y protección estatal. Entre 2016 y 2023, al menos 28 indígenas han sido asesinados o desaparecidos en conflictos relacionados con la minería.
La ONG recuerda incidentes graves como la presunta masacre de la comunidad Yanomami de Irotatheri en 2012, y los 54 casos de defensores de derechos ambientales víctimas de violencia en Bolívar y Amazonas entre 2013 y 2021, reportados por el Observatorio para la Defensa de la Vida.
Esta situación evidencia la compleja relación entre actividades extractivas ilegales y derechos humanos en la región, y subraya la necesidad de una respuesta estatal contundente y efectiva.
Correo del Caroni
