El 10 de diciembre, el Ministerio del Poder Popular para la Educación suspendió el salario de más de 23.000 docentes y trabajadores de la comunidad educativa venezolana, sin notificación previa, sin apertura de procedimiento administrativo y sin respeto al debido proceso establecido en la Constitución, según la denuncia del doctor en Educación Javier Vivas Santana.
De acuerdo con la información difundida, la medida fue ejecutada de manera arbitraria y sin que mediara causa justificada, expediente administrativo, derecho a la defensa ni resolución formal. En algunos casos, se reporta que a determinados docentes se les ha suspendido el salario hasta por tercera vez en un mismo año bajo las mismas condiciones, lo que ha convertido el pago de sueldos en un mecanismo de castigo, coerción y control político.
La suspensión del salario a trabajadores activos es presentada como una política de “terror administrativo” que, en la práctica, los expone a la exclusión social. En un contexto de precariedad económica, la medida afecta la capacidad de los docentes, muchos de ellos jefes de hogar, para cubrir alimentación, servicios de salud, transporte y educación de sus hijos, vulnerando el carácter alimentario y no confiscable del salario.
Entre los afectados se encuentran docentes en reposo médico debidamente justificado, incapacitados por enfermedades crónicas, así como trabajadores en procesos de recuperación tras cirugías mayores o tratamientos de quimioterapia. Según la denuncia, estas personas, en condición de especial vulnerabilidad y amparadas por informes médicos y por la ley, han sido privadas de su ingreso en el momento en que más requieren protección del Estado, lo que es señalado como un acto de crueldad institucional.
La ejecución de estas suspensiones se habría realizado mediante sistemas automatizados, sin responsables claramente identificables y sin canales efectivos de reclamo. Esta situación deja a los docentes en un “limbo administrativo” en el que no obtienen respuesta ni se determinan responsabilidades.
La denuncia contrasta esta realidad con el balance público presentado por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, al cierre de 2025, en el que se afirma que el sistema educativo atraviesa un momento de “exploración, crecimiento y aprendizajes”, atribuido al “trabajo en equipo de toda la comunidad educativa”. En ese balance se mencionan un supuesto incremento de la matrícula escolar, la defensa del calendario académico, la reducción del déficit docente y la recuperación de infraestructuras escolares, sin referencia a los miles de educadores que, según la denuncia, no recibieron su salario y fueron objeto de medidas administrativas sin debido proceso.
El texto difundido plantea interrogantes sobre la coherencia entre el discurso oficial y la situación de los educadores: se cuestiona la legitimidad de hablar de fortalecimiento educativo mientras se aplican medidas económicas que empujan a docentes a la pobreza y al abandono profesional, así como la posibilidad de formar a más de 220.000 docentes cuando quienes ya están en servicio enfrentan condiciones de inestabilidad laboral.
La denuncia concluye que la suspensión de salarios sin debido proceso no constituye un simple error administrativo, sino una decisión política que, a juicio del autor, debe ser denunciada, rechazada y corregida, al señalar que la estabilidad y la dignidad de los docentes son condiciones necesarias para cualquier proyecto de futuro educativo en el país.
¡Malandro Héctor Rodríguez suspende "bono de guerra" a más de 23 mil educadores! ¡Algunos en reposo!
— Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) December 19, 2025
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El pasado 10 de diciembre, el Ministerio del Poder Popular para la Educación ejecutó una de las acciones más graves y lesivas contra la comunidad educativa venezolana en los… pic.twitter.com/AEDpskT7Pd
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