Durante años, el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, y el Internado Judicial de Carabobo, llamado Tocuyito, han sido foco de atención mediática debido a su vinculación con graves irregularidades como la corrupción, riñas internas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y armas, así como otras violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
En respuesta a estas problemáticas, que han sido permitidas y en ocasiones alentadas por las autoridades, el Estado venezolano anunció en 2023 la intervención de siete centros penitenciarios —entre ellos Tocorón y Tocuyito—, con la reubicación de más de 8,000 reclusos. De ellos, más de 3,254 eran internos de las mencionadas cárceles, quienes depositaron su confianza en la palabra del ministro Remigio Ceballos, quien les aseguró que sus traslados eran “temporales y circunstanciales”.
El 23 de septiembre de 2023 marcó el inicio de la intervención de Tocorón. Según declaraciones del ministro, el centro pasaría por un proceso de reestructuración cuyo objetivo era el «desmantelamiento» de las estructuras problemáticas y una transformación integral del sistema penitenciario. Sin embargo, casi un año después, ambas cárceles vuelven a ser objeto de atención pública.
En recientes declaraciones, el presidente Nicolás Maduro subrayó que Tocorón y Tocuyito serían reacondicionados para funcionar como cárceles de máxima seguridad, donde se recluiría a miembros de la sociedad civil, trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos, abogados y opositores políticos al régimen.
Es necesario preguntarse cuál será el proceso para clasificar a más de 2,000 detenidos para ser trasladados a estos centros de reclusión de máxima seguridad. El primer paso debe ser una evaluación individualizada de los reclusos, que considere el riesgo que representan para ellos mismos, para el personal penitenciario, para otros internos y para la sociedad en general.
Sin embargo, las condiciones actuales de Tocorón y Tocuyito, conocidas por su hacinamiento y falta de control, hacen imposible la implementación de una adecuada clasificación que garantice la seguridad y la dignidad de los internos. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), lamentó esta iniciativa al calificarla como una “locademia de política penitenciaria” y cuestionó la capacidad del Ministerio del Servicio Penitenciario para llevar a cabo una clasificación efectiva de los reclusos.
El OVP también enfatiza que los presos políticos no deben ser tratados como reclusos comunes, ya que su encarcelamiento se basa en motivos políticos y no en la comisión de delitos. Esta forma de encarcelamiento vulnera principios fundamentales del derecho internacional que protegen la libertad de expresión y la participación política. La confusión entre presos políticos y sociales no solo deslegitima su proceso de detención, sino que también pone en riesgo su seguridad, situándolos en entornos hostiles.
La dignidad de los presos políticos debe ser garantizada a través de condiciones de detención adecuadas, que incluyan acceso a visitas, atención médica y apoyo legal. La falta de estas garantías perpetúa la injusticia, dañando tanto a los individuos como a la estructura democrática del país.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, exigimos la liberación inmediata y sin restricciones de todos los hombres, mujeres y adolescentes detenidos arbitrariamente por razones políticas o ideológicas, en una clara violación a sus derechos humanos.
Cortesía OVP