El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) ha publicado un informe elaborado por el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), que examina las condiciones carcelarias de los presos políticos en Venezuela tras el contexto postelectoral de 2024. Este informe, fundamentado en testimonios de familiares y exdetenidos, denuncia violaciones de derechos humanos en los centros de reclusión.
Agravamiento de la represión estatal
En Venezuela, los últimos cinco meses de 2024 han estado marcados por una represión estatal sin precedentes. Tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el gobierno inició una actuación policial y militar violenta, utilizando tanto cuerpos de seguridad del Estado como grupos armados no oficiales, conocidos como «colectivos». Esta represión resultó en un promedio de 150 detenciones diarias, superando registros anteriores.
Condiciones de reclusión denunciadas
El informe destaca que aproximadamente 2.200 personas fueron detenidas de manera arbitraria después del evento electoral, con lo cual aumentó considerablemente el número de presos políticos en el país. Estos nuevos detenidos fueron trasladados a centros carcelarios tradicionalmente destinados a presos comunes, donde enfrentan condiciones inhumanas y degradantes. Familias enteras, principalmente madres y hermanas, han debido movilizarse para proporcionar asistencia básica a los detenidos bajo estas condiciones.
Impacto en las familias y en el sistema judicial
Las condiciones denunciadas no solo afectan a los presos políticos, sino también a sus familiares, quienes enfrentan tratos crueles y degradantes durante las visitas. Se documenta una falta de acceso a programas de desarrollo personal y bienestar mental para los detenidos, lo que perpetúa un trato deshumanizante.
El informe de CLIPPVE subraya que las condiciones documentadas son consecuencia de políticas sistemáticas de represión y negligencia estatal. Se considera urgente que las autoridades venezolanas adopten medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre condiciones de reclusión y el trato a personas privadas de libertad. La continuidad de estas condiciones representa una amenaza no solo para la vida de los presos políticos, sino también para los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
Este informe, a través de una documentación exhaustiva y testimonios de los afectados, aspira a servir como herramienta para la defensa legal y la promoción de reformas estructurales, buscando sensibilizar a la comunidad nacional e internacional y generar presión para adoptar medidas correctivas por parte de las autoridades responsables.
