El pasado 8 de agosto, un grupo de 115 personas, compuesto por 103 hombres y 12 mujeres, detenidas durante las protestas postelectorales en el estado Anzoátegui, fue trasladado al Centro Agroproductivo José Antonio Anzoátegui de Barcelona, conocido popularmente como «Cárcel de Puente Ayala».
Las audiencias de los imputados se llevaron a cabo de forma telemática ante el Tribunal de Barcelona, donde se les acusó de incitación al odio y terrorismo. Los detenidos habían permanecido previamente en el Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana, ubicado en el Polígono de Tiros de Barcelona.
Familiares de los detenidos, quienes solicitaron mantener su identidad en el anonimato por razones de seguridad, informaron al equipo de Una Ventana a la Libertad que no fueron notificados sobre los traslados y que se enteraron de la situación el mismo día en que intentaron llevar alimentos a sus seres queridos.
Además, los abogados defensores, quienes no pudieron asumir la defensa en el Tribunal de Barcelona, denunciaron que los detenidos están en un área restringida y que hasta el momento no se les ha permitido establecer comunicación con sus defensores privados. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos de los imputados.