Decisión genera preocupación entre juristas y defensores de derechos humanos
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictaminado que el delito de incitación al odio no prescribe con el paso del tiempo. Esta decisión, contenida en la sentencia n.° 67, de fecha 26 de febrero, establece que la acción penal por este delito no se extingue, otorgándole un carácter de permanencia jurídica.
El máximo tribunal fundamenta su resolución en el artículo 25 de la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Según el TSJ, debido a que dicha norma califica estos hechos como violaciones graves de derechos humanos, se les debe aplicar el principio de imprescriptibilidad.
La organización Acceso a la Justicia calificó este criterio como preocupante, señalando una contradicción técnica y conceptual en la base del fallo. La organización argumenta que las leyes contra el odio suelen ser utilizadas para criminalizar el disenso y sancionar a quienes cuestionan al poder político.
Acceso a la Justicia recuerda que, bajo el estándar internacional, las verdaderas violaciones de derechos humanos son aquellas cometidas por el Estado, como la represión o la persecución, y no las expresiones de ciudadanos particulares. La organización explica que calificar la opinión crítica como un delito imprescriptible choca directamente con el artículo 57 de la Constitución venezolana, que garantiza la libertad de expresión sin censura previa.
El fallo se produce en un contexto donde el discurso oficial menciona la «reconciliación nacional». Sin embargo, para los expertos, ampliar el alcance penal de estos delitos genera un efecto inhibitorio (autocensura) sobre la ciudadanía y el debate democrático.
«La criminalización de la persecución de opiniones sí constituye una violación al derecho humano de libertad de expresión, protegido por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», señala Acceso a la Justicia. La decisión establece un precedente legal con posibles implicaciones para la libertad de expresión y el debate público en el país.
El Nacional.-
