El tribunal venezolano encargado del caso por supuestos actos de «terrorismo» contra la activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, ha decidido posponer el inicio del juicio para el próximo 31 de marzo.
San Miguel, quien fue arrestada hace un año, enfrenta acusaciones de participar en un plan para atentar contra Nicolás Maduro, cargo que su defensa niega categóricamente. Una funcionaria del tribunal señaló que el aplazamiento se debió a la «falta de traslado» de San Miguel desde su lugar de detención hasta el Palacio de Justicia en Caracas.
Este aplazamiento es el segundo desde el 18 de diciembre, fecha en la que originalmente se había planificado el inicio del juicio. En aquella ocasión, el argumento fue el mismo, un motivo recurrente en el retraso procesal de juicios contra opositores.
El abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, manifestó que la nueva fecha de juicio viola la ley, ya que sobrepasa los lapsos procesales establecidos para la verificación de la audiencia tras un diferimiento. «En un lapso de tres meses deberíamos estar en apertura del juicio oral y público», afirmó González. «Sin embargo, llevamos un año y no hemos comenzado».
San Miguel, de 58 años, es conocida por su labor como abogada y experta en temas militares, además de ser directora de la ONG Control Ciudadano. Fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía bajo acusaciones de terrorismo, traición a la patria, conspiración e intento de homicidio contra Nicolás Maduro y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.
Durante su arresto, San Miguel estaba acompañada por su hija, quien fue liberada tras una breve detención, junto a otros tres familiares. Su expareja, un militar retirado, también se encuentra detenido, acusado de tener vínculos con la supuesta conspiración.
A lo largo de su detención, San Miguel solo ha podido recibir visitas de su hija, Miranda Díaz, y actualmente espera una cirugía por una fractura de hombro. El abogado González no ha podido juramentarse oficialmente como su defensor junto a Theresly Malavé, lo que deja a San Miguel bajo la defensa de la defensoría pública, criticada por expertos por su supuesto alineamiento con la Fiscalía.
En este contexto, el caso de Rocío San Miguel sigue siendo un punto focal en el complejo panorama de la justicia venezolana, mientras que su defensa continúa luchando por un juicio justo y expedito.
AFP
