El Gobierno de Venezuela expresó su rotundo rechazo a lo que calificó como una «acción ilegítima» emprendida por un juez argentino contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. La declaración, emitida el lunes 30 de diciembre, fue difundida a través de un comunicado oficial de la cancillería venezolana.
Según el comunicado, el juez federal argentino Ariel Lijo ha tomado medidas contra el presidente Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y varios altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua. Venezuela considera estas acciones como parte de una operación de «lawfare» destinada a atacar a un gobierno legítimo y soberano. El término «lawfare» se refiere al uso del sistema legal como arma política para desacreditar o dañar a adversarios.
El comunicado, además, señala que esta «ridícula acción» está basada en supuestas falsedades y orquestada por agentes alineados con el hegemonismo occidental y sectores opositores antisandinistas. En este sentido, denuncia que el sistema judicial argentino se utiliza como herramienta de intervención política.
Venezuela advierte que estas acciones forman parte de una estrategia sistemática para socavar la soberanía de los estados independientes y justificar la imposición de medidas coercitivas unilaterales, bajo el pretexto de proteger supuestos derechos humanos. El comunicado enfatiza que el uso del principio de jurisdicción universal con fines políticos viola principios fundamentales del derecho internacional, como la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los estados.
En un acto de solidaridad, Venezuela reitera su apoyo al pueblo y al Gobierno de Nicaragua, liderados por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El Gobierno venezolano defiende la soberanía, la justicia social y la autodeterminación, al tiempo que hace un llamado a las naciones libres del mundo para rechazar cualquier intento de intervención política disfrazado de legalidad.
