En el marco del 76° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Venezuela continúa siendo un foco central en la agenda de la Corte Penal Internacional (CPI). Las investigaciones en curso se centran en posibles crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Desde noviembre de 2021, la CPI ha mantenido una investigación liderada inicialmente por la fiscal Fatou Bensouda y actualmente bajo la dirección de Karim Khan. Esta investigación se encuentra en una etapa crítica, enfocada en la recopilación y evaluación de pruebas que podrían llevar a órdenes de arresto o a la comparecencia de aquellos responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
A pesar de los avances en el proceso, el Estado no ha demostrado cumplir con el principio de complementariedad. Por ello, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han incrementado sus demandas de justicia, organizando protestas a nivel global en más de 150 ciudades. Estos movimientos buscan presionar a la CPI para que tome medidas decisivas ante denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas que impactan a miles de venezolanos, incluidos menores de edad.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, ha entregado cuatro informes detallados hasta la fecha. Estos documentos han sido esenciales para evidenciar patrones de represión, tortura y persecuciones sistemáticas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La misión ha sido fundamental para aportar pruebas clave en los procesos internacionales.
“Instamos a la Misión a que continúe su labor con independencia y sin temor a represalias. Es crucial que se realicen investigaciones exhaustivas y monitoreos en terreno, sin importar las posibles consecuencias políticas. La justicia y la verdad no pueden negociarse ni dilatarse”, expresó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha documentado graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Entre las preocupaciones destacadas se encuentran el uso arbitrario de la fuerza y las detenciones, afectando a más de 2000 personas, incluyendo menores. Estos actos forman parte de un patrón sistemático de represión, que incluye desapariciones forzosas y censura.
“Reiteramos la importancia de que la CIDH, la Misión Internacional y otros mecanismos internacionales actúen con determinación, priorizando siempre la justicia y los derechos de las víctimas y sus familiares. La comunidad internacional debe exigir medidas concretas para restaurar la dignidad y los derechos de los venezolanos”, agregó Prado.
En este Día de los Derechos Humanos, Venezuela continúa enfrentando una situación crítica que contrasta con los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El documento, que proclama la igualdad y libertad inherentes a todos los seres humanos, se enfrenta a una realidad marcada por la detención arbitraria de individuos, muchos considerados presos políticos.
Humberto Prado concluye reafirmando el compromiso del OVP: “Seguiremos luchando por la dignidad de cada persona y por la justicia para las víctimas. Nuestra misión es seguir denunciando y exigiendo justicia hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia. Hoy más que nunca, es el momento de redoblar esfuerzos y no bajar la guardia”.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
