El ex parlamentario, abogado y defensor de los derechos civiles Rafael Narváez presentó una agenda dirigida al Estado, que considera de cumplimiento obligatorio para transitar un camino pacífico caracterizado por la tolerancia y la convivencia, en beneficio de la población que describe como un pueblo sufrido y con mucho dolor.
Narváez plantea como primer punto la aprobación de una ley de amnistía general para todos los presos políticos, incluyendo a quienes han sido excarcelados y se encuentran bajo medidas cautelares, así como a quienes aún permanecen privados de libertad. Según su planteamiento, esta ley garantizaría la libertad plena de estas personas, basada en el olvido y el perdón. En este contexto, considera que las excarcelaciones que se están produciendo son señales de buena voluntad por parte del Estado, pero sostiene que una amnistía general representa la libertad plena.
Como segundo punto, propone con carácter de urgencia la depuración del sistema de justicia, con el objetivo de que recupere su autonomía, independencia y atribuciones, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Narváez vincula esta depuración con la necesidad de una administración de justicia imparcial, respetuosa de los derechos humanos, así como de las garantías constitucionales y judiciales que, según afirma, han sido vulneradas de manera sistemática.
En tercer lugar, el ex parlamentario y abogado en procesal penal plantea el desarme y desmantelamiento de los grupos civiles armados conocidos como colectivos. Señala que estos grupos se han convertido, al igual que los cuerpos de seguridad del Estado, en escudos de persecución y represión sin límites contra la disidencia o contra cualquier persona que piense distinto, a quienes se les considera sospechosos en grado de conspiración y traición.
Narváez sostiene que estos tres puntos —amnistía general, depuración del sistema de justicia y desarme de colectivos— son determinantes para el camino hacia la paz que el Estado invoca de manera reiterada y que, según su apreciación, no ha cumplido. Al mismo tiempo, considera que el Estado tiene una oportunidad para reivindicarse, de acuerdo con el cierre de su planteamiento como defensor de los derechos civiles.
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