En el marco del principal foro de energía a nivel mundial, CeraWeek de S&P Global, que reunió a líderes del sector, altos ejecutivos, funcionarios gubernamentales y expertos tecnológicos para analizar los desafíos y oportunidades en un contexto de transformación energética y geopolítica cambiante, se realizó la edición 43° 2025 en Houston (EE.UU.), del 10 al 14 de marzo. Durante este evento, dos intervenciones destacaron particularmente por provenir de Edmundo González Urrutia (EGU) y María Corina Machado (MCM), figuras clave en la oposición venezolana y actores influyentes en el ámbito internacional, quienes discutieron sobre la compleja situación política en Venezuela.
Edmundo González Urrutia (EGU) se declaró ganador absoluto en los comicios presidenciales del 28 de julio (28J). Sin embargo, el gobierno de Caracas lo desconoció, resultando en la controvertida presidencia de Nicolás Maduro (NM), percibido internacionalmente como un mandatario ilegal e ilegítimo.
El interés en escuchar a estos líderes venezolanos estaba centrado en sus perspectivas sobre la situación laberíntica, confusa y caótica del país. En su intervención, EGU, utilizando su bagaje diplomático, fue breve y cauteloso. En cambio, María Corina Machado (MCM) propuso privatizar completamente la industria petrolera y transformar a Venezuela en el Centro Energético de las Américas.
Esta propuesta provocó debates acalorados sobre la necesidad de conservar o privatizar Petróleos de Venezuela (PDVSA). Se argumentó que la privatización no es un requisito indispensable para atraer inversiones, sino más bien establecer un entorno de negocio con seguridad jurídica y reglas claras. La preocupación se centra en identificar una solución que permita revitalizar una industria petrolera en declive sin sacrificar la soberanía nacional.
La viabilidad de PDVSA como empresa estatal es una cuestión de eficiencia y manejo adecuado. Existen ejemplos de compañías petroleras estatales exitosas, como Aramco, Equinor y Petrobras, que manejan sus recursos de manera óptima. Rescatar la eficiencia del sector público es vital, ya que el problema no es el modelo de gestión estatal en sí, sino la administración deficiente provocada por personas ineptas en cargos clave.
Cualquier intento de privatización debe considerar el sólido marco constitucional venezolano que protege los recursos petroleros como bienes inalienables e imprescriptibles del Estado (Artículos 11, 12, 302, 303 y 311). Cambiar esto requeriría una enmienda constitucional, un proceso complejo y controvertido.
El petróleo, como recurso estratégico, es fundamental no solo para el crecimiento económico, sino también para la geopolítica mundial. Su manejo debe ser una prioridad del Estado, considerando su impacto en la diplomacia y estrategia geopolítica.
La conversación sobre el futuro de PDVSA y la soberanía petrolera de Venezuela continúa siendo un tema delicado y crucial. Se debe evitar decisiones apresuradas que puedan comprometer el bienestar a largo plazo del país, evaluando cuidadosamente cada propuesta y su impacto en la economía y autonomía nacional.
