Cinco adolescentes, provenientes del estado Portuguesa, han sido acusados formalmente de terrorismo y otros delitos tras participar en protestas poselectorales el pasado 29 de julio. El Ministerio Público presentó cargos por incitación al odio, incendio de estructura, obstrucción de vía y lesiones personales a funcionarios, de acuerdo con información proporcionada por los familiares de uno de los menores.
Estas acusaciones fueron formalizadas el miércoles 23 de octubre durante una audiencia preliminar en Caracas. El tribunal, especializado en delitos de terrorismo y en responsabilidad penal de adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, decidió pasar a juicio a los jóvenes, determinando que el proceso se seguirá por causas individuales y no colectivas.
Para asistir a este acto judicial, los adolescentes y sus representantes legales se vieron obligados a financiar su propio traslado desde Acarigua-Araure y Guanare hasta la capital del país. Será en Caracas donde deberán presentarse nuevamente para enfrentar el juicio.
Cabe destacar que los adolescentes —cuatro procedentes de Acarigua Araure y uno de Guanare— fueron liberados bajo medidas de presentación periódica cada 8 días, el 31 de agosto, luego de que se revisara la medida de privación de libertad. Originalmente, estaban recluidos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral (CDT) de La Corteza y en la sede del Destacamento 311 de la Guardia Nacional en Guanare.
Las audiencias de presentación de estos adolescentes, cuyas edades oscilan entre 15 y 17 años, se llevaron a cabo de manera telemática ante el mismo tribunal. El adolescente arrestado en Guanare cumplió 17 años mientras se encontraba bajo custodia, y su detención está ligada a un grupo que el 29 de julio participó en el derribo de la estatua del Indio Coromoto. Por otro lado, los cuatro adolescentes detenidos en Acarigua-Araure fueron vinculados a protestas ocurridas en el Batallón Vuelvan Caras y otras áreas de las localidades.
Ante estos acontecimientos, familiares de los menores y diversas organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos han expresado su rechazo no solo a estas detenciones, sino también al proceso legal que se sigue en contra de más de 1.800 presos políticos en todo el país. Muchos de ellos permanecen encarcelados en instituciones de alta seguridad como Tocuyito, Tocorón y Yare II.
Este caso se suma a un complejo panorama de detenciones y juicios de manifestantes en Venezuela, generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional sobre las garantías procesales y los derechos fundamentales de los adolescentes involucrados.
