Gabriel Alejandro Sánchez Maita, un joven de 23 años, fue liberado del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón, este pasado sábado. La excarcelación se produce después de que Sánchez Maita fuese acusado de delitos de terrorismo e instigación al odio en Acarigua-Araure, estado Portuguesa.
La liberación de Sánchez Maita fue confirmada por su madre, residente del sector Gonzalo Barrios. Durante su detención, el joven sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y, según denuncias, no recibió la atención médica necesaria, pese a las insistentes peticiones de su familia.
La defensora de derechos humanos, Tamara Suju, expresó a través de su cuenta de X que el ACV ocurrió el 30 de octubre de 2024 y que hasta el 15 de noviembre de 2024 no se le había proporcionado atención médica especializada. Esta situación suscitó preocupaciones respecto a las condiciones de salud y trato a los internos en las cárceles venezolanas.
Ante la crítica situación de salud de Sánchez Maita, la familia fue informada de una respuesta oficial que llegó con retraso: se ordenó realizar una tomografía, aunque dicha orden no incluía notificación de prescripción médica. Las solicitudes de atención médica domiciliaria fueron ignoradas, lo que incrementó la angustia de sus familiares.
El caso de Gabriel Alejandro Sánchez Maita pone de manifiesto las deficiencias y los desafíos en el sistema penitenciario del país, donde las violaciones a los derechos humanos parecen ser una constante preocupación. La liberación del joven marca un posible cambio en su situación inmediata, aunque deja preguntas sobre los procesos judiciales y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
Este caso podría ser un precedente para evaluar y mejorar las condiciones de detención y el acceso a servicios médicos adecuados para los reclusos, un tema que sigue siendo crítico en el contexto venezolano.
