Portuguesa.- Marquires Valladares, madre del abogado, defensor de derechos humanos y preso político Franyer Hernández, alzó su voz para exigir la libertad inmediata de su hijo y atención médica especializada urgente, ante el grave deterioro de su estado de salud mientras permanece privado de libertad desde el pasado 10 de abril en la sede de la Policía Nacional en Guanare, estado Portuguesa.
Hernández cumplió el pasado 10 de diciembre ocho meses detenido, tiempo durante el cual su condición física se ha agravado de forma alarmante. De acuerdo con su madre, el abogado padece múltiples patologías, entre ellas:
- Cirrosis hepática
- Hígado recrecido
- Litiasis renal bilateral
- Hipertensión arterial
- Colonopatía
- Engrosamiento de paredes en vejiga y vesícula
- Escabiosis infecciosa
- Además de otras condiciones crónicas
Valladares expresó su profunda preocupación por la vida de su hijo y denunció que se le han violado sistemáticamente sus derechos fundamentales, tanto legales como humanos.
“Hasta el peor delincuente, homicida o violador en Venezuela tiene derecho a la salud, a designar un abogado de su confianza y a un sistema de justicia justo. A mi hijo prácticamente se le han negado todos sus derechos”, afirmó.
Según la denuncia, a Franyer Hernández no se le permitió contar con defensa privada, no ha recibido atención médica especializada, no se le ha aperturado juicio y su familia desconoce qué tribunal lleva su caso en Caracas, debido a que el defensor público asignado no ha suministrado ninguna información.
La madre relató además el dramático estado en que vio a su hijo durante su última visita:
“La última vez que vi a mi hijo tenía los pies hinchados, la piel disecada y un fuerte dolor abdominal. Les pido como madre que no lo dejen morir. No quiero perder a mi hijo ni que se repita la historia que ya ha ocurrido con otros presos políticos en el país”.
Ante esta situación, Marquires Valladares hace un llamado urgente a las autoridades venezolanas, así como a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, para que se garantice la vida, la salud y el debido proceso de Franyer Hernández, cuya permanencia en prisión representa un riesgo real e inminente para su integridad física.
Cabe resaltar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA otorgó medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Hernández, resolución que debió ser adoptada y respondida por el Estado venezolano al ser notificado.
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