Portuguesa.- Yelitza Vergara, ciudadana de Acarigua en el estado Portuguesa, ha denunciado públicamente un incidente ocurrido el pasado 5 de febrero, cuando cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentaron en su residencia durante el mediodía, buscando a personas que no residen en su hogar. Vergara, madre de Miguel Eduardo González Vergara, quien estuvo recluido en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua tras ser detenido en el contexto de protestas poselectorales, expresó su preocupación ante estas acciones.
A través de un video difundido en redes sociales, Vergara enfatizó repetidamente que no conocía a las personas que los funcionarios buscaban. Según su relato, pese a sus aclaraciones, los agentes insistieron en que habían recibido información indicando lo contrario. “Yo no tengo nada que temer; mi hijo también es inocente; no causa daño; no es terrorista y por eso hago hincapié en que sigo en mi casa, en mi país, creyendo en algo positivo para Venezuela”, afirmó con determinación.
Vergara destacó que su hijo fue encarcelado de manera injusta y teme que el suceso en su domicilio sea un acto de amedrentamiento. «Si existe alguna persona u organismo que quiera causarnos alguna incomodidad, y si nos llegara a pasar algo, quiero dejar esta prueba de que estamos siendo amedrentados y nos están acusando de psicoterror para hacernos daño. No hay nada más hermoso que caminar con la frente en alto», señaló.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ha mostrado su apoyo a Vergara, compartiendo su caso en la plataforma X. Según Clippve, no es la primera denuncia de hostigamiento que reciben de familiares de presos políticos excarcelados, quienes han sido víctimas de persecución y acoso por parte de individuos y funcionarios implicados en sus detenciones. Esto ocurre a pesar de que los excarcelados cumplen con todas las órdenes y restricciones impuestas tras su liberación.
La organización subrayó que muchos de estos individuos se han visto obligados a dejar sus hogares para evitar la sensación constante de ser vigilados o perseguidos y el temor de un encarcelamiento injusto. En respuesta, el Clippve exige el cese de las prácticas que califican como terrorismo de Estado, las cuales no fomentan un ambiente de paz en el país y profundizan el sufrimiento de quienes han vivido la injusticia.
