Portuguesa.- Una tensa situación se vivió en la urbanización Villas del Pilar, sector 4 de Febrero, en Araure, estado Portuguesa, luego de que cuerpos de seguridad del Estado —presuntamente adscritos al SIP (Servicio de Investigación Penal)— procedieran al desalojo forzoso de la ciudadana Adriana Camacho, humilde habitante del referido sector, y a su posterior detención.
Según informaciones difundidas por el medio local El News de Venezuela, los hechos ocurrieron en horas de la noche del pasado martes 7 de octubre, cuando efectivos policiales, con el rostro cubierto y a bordo de vehículos identificados con el logo del SIP, ingresaron a la residencia de Camacho. Durante el operativo también habrían sido detenidas su hija y su madre, aunque posteriormente ambas fueron liberadas. La señora Camacho continúa privada de libertad, presuntamente bajo cargos relacionados con “incitación al odio”.
De acuerdo con versiones recogidas por vecinos y líderes comunitarios, el desalojo se llevó a cabo sin una orden judicial visible y en medio de señalamientos de arbitrariedad por parte de las autoridades. Trascendió que la Viceministra para el Desarrollo Integral en los Urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Carolina del Valle Cestari Vásquez, habría estado directamente involucrada en el procedimiento, luego de una visita reciente a la comunidad en la que expresó su descontento con los líderes y lideresas comunales que, según su opinión, no “cumplen lineamientos”.
El caso ha generado una fuerte indignación entre los habitantes de Villas del Pilar, quienes denuncian abuso de poder y represión por parte de los organismos del Estado. Se reporta además la detención de varios líderes comunitarios que habrían protestado en contra del desalojo de la familia Camacho.
«Es una injusticia. Le quitaron la casa a una madre de familia que tenía años viviendo ahí, simplemente porque se negó a abandonar su hogar», expresó un vecino del sector, quien prefirió resguardar su identidad por temor a represalias.
Se conoció extraoficialmente que a los hijos de Adriana Camacho les fueron incautados sus teléfonos celulares, presuntamente para evitar la difusión de más material audiovisual del procedimiento, parte del cual ya circula en redes sociales y medios locales.
Este caso ha despertado la preocupación de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes exigen una investigación imparcial y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadana Adriana Camacho y su familia.
La comunidad de Villas del Pilar se mantiene en alerta y a la espera de una respuesta oficial del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, así como de la Defensoría del Pueblo, sobre lo que consideran una “violación flagrante de los derechos ciudadanos”.
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