Organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han levantado la voz en rechazo a la creciente ola de represión en Venezuela, desencadenada tras las recientes elecciones presidenciales.
En un comunicado conjunto, alertan sobre detenciones arbitrarias, criminalización de las manifestaciones y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades.
Entidades como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch han expresado su grave preocupación por la delicada situación de los derechos humanos en el país. Instan al gobierno venezolano a poner fin a la represión y a garantizar el derecho a la protesta pacífica.
Los organismos firmantes han subrayado que las detenciones masivas y las acusaciones infundadas contra manifestantes pacíficos son manifestaciones claras de violaciones a derechos humanos fundamentales. Asimismo, han denunciado el uso de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, así como el acoso sistemático a periodistas y defensores de derechos humanos.
En este marco, las organizaciones han hecho un llamado a la realización de investigaciones «prontas, independientes e imparciales y con la debida diligencia», instando a la comunidad internacional a «exigir el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas en Venezuela» y a «mantenerse vigilante ante las posibles y graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas».
Desde el lunes, miles de ciudadanos en oposición al régimen venezolano se han manifestado en protesta contra el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró a Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales. La oposición denuncia el resultado como un «fraude», lo cual ha suscitado cuestionamientos por parte de diversas naciones y organizaciones internacionales sobre la transparencia del proceso electoral y la solicitud de publicación de actas de votación.
El Centro Carter, que actuó como observador en las elecciones, señaló que el proceso «no se adecuó» a los estándares internacionales de integridad electoral, y por ende, «no puede ser considerado como una elección democrática».
