El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó una ola de reacciones tras emitir una contundente advertencia contra alcaldes y autoridades locales del país, a quienes señaló que podrían enfrentar consecuencias judiciales, incluyendo prisión, si no cumplen con medidas relacionadas al impuesto predial.
Durante un reciente consejo de ministros, el mandatario afirmó que, de ser necesario, los funcionarios locales podrían ser “llevados presos”, aclarando que no sería una decisión directa del Gobierno Nacional, sino producto de acciones de la justicia y organismos de control.
Las declaraciones se dan en medio de un contexto de tensión social marcado por protestas y un paro nacional, originados por el incremento en los avalúos catastrales y el impacto del impuesto predial en distintas regiones del país.
Petro insistió en que son los municipios los responsables de ajustar las tasas del impuesto y aliviar la carga a los ciudadanos, especialmente en sectores rurales afectados. Sin embargo, sus palabras fueron rechazadas por diferentes sectores, incluyendo la Federación Nacional de Departamentos, que recordó la autonomía de los gobiernos locales establecida en la Constitución colombiana.
El pronunciamiento ha intensificado el debate político en Colombia, abriendo cuestionamientos sobre los límites del poder presidencial y la relación entre el Gobierno central y las autoridades territoriales.
NTN24.-
