Al menos diez detenidos han fallecido en Venezuela en menos de dos semanas, todos bajo custodia del Estado, según denuncias del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Los casos, registrados en diversos centros penitenciarios del país, evidencian un patrón de falta de atención médica, condiciones de reclusión precarias y episodios de violencia sin esclarecer.
El OVP documentó que varios de los fallecimientos están asociados a problemas de salud no atendidos. Entre los casos reportados figuran Antonio José Manzano, quien murió en la antigua cárcel de El Marite (Maracaibo, Zulia) por deterioro de salud sin atención oportuna; Ovidio José Madriz Mendoza (Rodeo III, Miranda); Deivi Enrique García (Rodeo IV, Miranda); Rosqui Norberto Escalona (Uribana, Lara); y Yelamo Zárraga José Ramón (Tocuyito, Carabobo).
La organización ha advertido que enfermarse en prisión en Venezuela puede derivar en una condena de muerte debido a la ausencia de atención médica adecuada, el hacinamiento, la insalubridad y las limitaciones en el acceso a alimentos y agua. Además, el OVP denunció la persistencia de prácticas como castigos arbitrarios, restricciones al contacto con familiares y presuntos tratos crueles dentro de los centros de reclusión.
En el caso de Rosqui Norberto Escalona, de 71 años, el OVP denunció que fue trasladado a un hospital en Barquisimeto, pero devuelto al penal sin estabilización. Días después, su estado empeoró y falleció durante un nuevo traslado. La organización también señaló irregularidades tras su muerte, incluyendo el abandono del cuerpo en un centro de salud.
Las muertes de Deivi Enrique García, registrada el 20 de abril en Rodeo IV, y de Ovidio José Madriz Mendoza, el mismo día en Rodeo III, sugieren que incluso nuevas infraestructuras replican condiciones críticas del sistema penitenciario, según el OVP. Rodeo IV, afirmó la ONG, no contaba con registros públicos previos.
Otro episodio ocurrió en el Centro Penitenciario Yare III (Miranda), donde fallecieron cinco internos: Keivin Eduardo Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios. La versión oficial atribuyó las muertes a un presunto motín entre presos, pero familiares de las víctimas han asegurado que los cuerpos presentaban heridas por arma de fuego.
El OVP ha documentado falta de información a familiares, suspensión de visitas, traslados sin notificación y ausencia de listados oficiales de heridos o reclusos trasladados. La organización también cuestionó el silencio del ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, varios días después de los hechos en Yare III.
Humberto Prado, director del OVP, sostuvo que esta situación responde a un patrón recurrente. “Se responsabiliza a los presos, se anuncian investigaciones que no se concluyen o cuyos resultados no se conocen”, expresó. Prado añadió que la falta de listados oficiales de heridos o trasladados vulnera los derechos de los familiares a estar informados sobre la situación de los reclusos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha documentado estos casos y los ha elevado ante instancias internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La organización ha cuestionado la falta de respuestas institucionales y la responsabilidad del Estado, recordando que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo tienen la obligación de investigar estos hechos y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
El Nacional.-
